Pasaran ocho años sin grandes novedades, pero en menos de dos semanas se recalentó el debate para que se aplique en nuestra provincia la Ley de Narcomenudeo. El gobernador interino Osvaldo Jaldo le pidió a la Corte Suprema de Justicia que resuelva el planteo que impedía su puesta en marcha. Como no obtuvo una respuesta, presentó oficialmente un escrito. El máximo tribunal le corrió vista al Ministerio Público Fiscal para que diera a conocer su opinión sobre el tema.
En 2014, cuando José Alperovich era gobernador, se sancionó y promulgó la norma, pero un planteo realizado por el ministro fiscal Edmundo Jiménez, aceptado por la Corte, frenó su aplicación. En 2019, por iniciativa de Jaldo, se sancionó otra ley para tratar de eludir la traba legal. Pero en abril pasado, el máximo tribunal volvió a frenarla.
El PE consideró que esta es una norma clave en su decisión política de acabar con el microtráfico, con el fin de bajar los índices de inseguridad. También les explicaron a los funcionarios del Poder Judicial que estaban dispuestos a darles todas las herramientas necesarias (jueces, fiscales, defensores y presupuesto) para que se hicieran cargo de luchar contra este delito. “El gobernador quiere que se aplique sí o sí la ley que está demorada desde hace mucho tiempo. Es una decisión política y esperamos que el Poder Judicial nos acompañe”, aseguró una alta fuente de Casa de Gobierno.
Los vocales del máximo tribunal no dudaron y enviaron el viernes un pedido de opinión al MPF antes de resolver la cuestión. Hasta el cierre de esta edición no había trascendido cuál sería la respuesta que dará Jiménez, el autor del planteo que tiene frenada la aplicación desde hace casi ocho años. Se espera que mañana se haga pública su respuesta, pero todo indicaría que no cambiará de opinión, por lo que la aplicación de la norma seguirá demorada.
Tampoco hay ni siquiera indicios de que se realice una reunión entre representantes de los tres Poderes para tratar de establecer una solución al problema.